En el contexto del 4º Congreso Internacional “El derecho a envejecer: Ciudadanía, integración social y participación políticas de la personas mayores” tuve la oportunidad de conocer a Maria Irene Carvalho, investigadora y docente de la Escola Superior de Saúde do Alcoitão (Portugal). Apenas empezaba el año 2012 y la ciudad de Dijón servía de marco para iniciar una colaboración que esta semana ha dado su fruto en la forma del libro Serviço Social no Envelhecimento, publicado por la editorial Pactor. La humilde contribución de quien escribe es un capítulo titulado “Participação e idosos: a construção de um quadro ético para a teleassistência em Espanha”, producido con la ayuda de Blanca Callén, María Tereza Leal y Miquel Domènech. Aunque el texto fue escrito en castellano, ha sido traducido al portugués para su inclusión el el libro coordinado por Maria Irene. En este post quiero compartir con vosotros/as un fragmento del capítulo, tal como fue originalmente redactado.
Envejecer activamente en la Sociedad de la Información
El “envejecimiento activo” se ha convertido en una de las prioridades en el estudio de la vejez, así como en la implementación de regulaciones políticas y programas de intervención con personas mayores. El interés que ha despertado promete prolongarse durante los próximos años. En España, la reciente elaboración de un mapa de ruta para la investigación sobre envejecimiento (Rodríguez Rodríguez, 2011:6) apunta hacia esta cuestión como uno de los temas prioritarios, estableciendo la necesidad de trabajar sobre (1) “la modificación de las condiciones de salud mediante el desarrollo de actividades saludables que atenúen los procesos de dependencia”, (2) “la mejora de la consideración de los mayores en la sociedad evitando imágenes de discriminación (ageísmo) o situaciones de violencia”, y (3) la potenciación de “las relaciones sociales en el entorno de vida”.
Las tres áreas de trabajo mencionadas por Rodríguez y Rodríguez (2011) recuerdan los tres pilares del “envejecimiento activo” propuestos por la Organización Mundial de la Salud (2002), esto es: salud y calidad de vida, seguridad y participación. Aquí queremos recaer sobre el último de tales pilares. Como quiera que se entienda la expresión “envejecimiento activo”, cada vez resulta más claro que no puede limitarse al mantenimiento de un nivel de actividad física que promueva la salud, evite la enfermedad y asegure la productividad en edades avanzadas. La idea del “envejecimiento activo” debe tener en cuenta otras cuestiones, como las asociadas a conceptos del tipo “ciudadanía activa” o, incluso, “activismo”. En este sentido, el Informe de la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento (Naciones Unidas, 2002), afirma que “La habilitación de las personas de edad y la promoción de su plena participación son elementos imprescindibles para un envejecimiento activo” (art. 2; las cursivas son nuestras). Dicha declaración tiene sus antecedentes en el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento formulado por las Naciones Unidas en 1982, así como en los Principios en Favor de las Personas de Edad, donde se recomienda a los gobiernos favorecer la integración de los mayores en la sociedad, pero también en los movimientos sociales y en las asociaciones. En España, tal recomendación ha sido recuperada en diversos contextos, como el Plan Gerontológico elaborado entre 1988 y 1991, el Plan de Acción de las Personas Mayores 2003-2007, el II Congreso Estatal de Personas Mayores (Madrid, 2001) y la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Además, inspira la creación de los Consejos Estatales de Personas Mayores, así como su réplica en la forma de Consejos de Personas Mayores a nivel autonómico y municipal.
Actualmente se reconoce ampliamente que la participación de los mayores en la toma de decisiones sociales y políticas no solo es deseable, sino fundamental en todo ordenamiento democrático. Sin embargo, no existe aún acuerdo con respecto a lo que dicha participación significa; es decir, a lo que se quiere dar a entender cuando se habla de la participación de los mayores en los asuntos que les afectan, interesan o atañen. Escapa de los objetivos de este capítulo realizar un examen a fondo de las distintas acepciones del término “participar”. Nos bastará con citar un trabajo reciente sobre la Participación social de las personas mayores en España (Martínez Martín y Criado Valdés, 2008) para mostrar su polisemia. En dicho texto, los autores incluyen dentro de lo que podría considerarse como “participación” una variada gama de actividades: (1) la integración en asociaciones de personas mayores, (2) el servicio comunitario por la vía del voluntariado, (3) la actividad política a través del voto, la movilización social, la afiliación a partidos y sindicatos, etc., (4) la educación permanente, sea esta formal o informal, (5) la realización de actividades de ocio y (5) otras actividades, como la asistencia a cultos religiosos y la práctica del turismo.
En medio de la gran cantidad de formas de entender la participación, hemos querido resaltar una muy concreta. La misma se refiere al papel que pueden cumplir las personas de edad en el diseño, implementación y evaluación de las TICs para el envejecimiento activo. Esta cuestión es de una indudable relevancia y actualidad. En las últimas décadas se ha vuelto un lugar común sugerir que los “problemas” económicos derivados del envejecimiento demográfico pueden tener “soluciones” tecnológicas. Así, el desarrollo de diferentes ayudas técnicas individuales y domésticas ha venido ganando fuerza entre los investigadores europeos. En este sentido Rodríguez Rodríguez (2011) llama la atención sobre los esfuerzos realizados en el estado Español por desarrollar sensores y técnicas de monitorización, estimulación y robótica en el ámbito de la teleasistencia y la telemedicina. Tales dispositivos y servicios incluyen contactos audiovisuales y en tiempo real entre pacientes y cuidadores, tecnologías integradas en la forma de hogares, ropa y mobiliario inteligente que permiten un seguimiento de los pacientes dentro e incluso fuera de sus casas; así como tecnologías de etiquetaje electrónico para pacientes con demencia y otras innovaciones biotecnológicas, como implantes y dispositivos para el seguimiento de enfermedades crónicas.
En diferentes esferas se aprecia un gran entusiasmo y una creciente confianza en lo que estos desarrollos puedan tener de positivo para la industria de las TICs, los servicios sociales, el sistema sanitario y, por supuesto, los adultos mayores, sus cuidadores y familiares. Así, en un documento recientemente publicado por la Comisión Europea (2010) se afirma que las TICs pueden ayudar a las personas de edad a mantenerse sanas, a vivir independientemente durante más tiempo y a contrarrestar la disminución de sus capacidades. En definitiva, “Las TICs pueden permitirle [a los mayores] el mantenerse activos en el trabajo y la comunidad” (European Comission, 2010:2). Por otro lado, asegura que las TICs pueden contribuir a mejorar las condiciones de trabajo a las que están expuestos los cuidadores, haciendo más atractivo este sector de actividad en el futuro. Todo ello, bajo la promesa de su fácil implementación y su bajo costo (Mol, Roberts & Milligan, 2009).
Las esperanzas que se han depositado en las TICs se enfrentan, sin embargo, a un gran problema. La distancia que se aprecia entre las personas mayores y estas tecnologías aparece como una suerte de nueva “brecha digital” que ya no tiene características geográficas, sino generacionales. La preocupación que despierta este fenómeno se aprecia, por ejemplo, en el plan de acción Ageing Well in the Information Society, creado por la Comisión Europea en 2007. Para los impulsores de este plan, las personas de edad constituyen uno de los grupos con mayores riesgos de quedar excluidos de los “beneficios” ofrecidos por las TICs, esto es, “comunicaciones a bajo costo y servicios en línea que pueden apoyar algunas de sus necesidades reales” (European Commission, 2010:4). Así, el 21% de personas mayores de 50 años -por limitaciones visuales y auditivas, o por la disminución de otras habilidades- verían frustrados sus esfuerzos por participar en la llamada “Sociedad de la Información”.
Conviene aclarar aquí que, en este contexto de promoción de TIC para “envejecer bien”, “participar” significa “usar” y “consumir” los productos de una naciente industria de dispositivos tecnológicos para personas mayores. Participar se traduce en formar parte de un Senior market for ICT Progress and Developments (European Comission, 2008) recién descubierto. Esta idea concuerda con una imagen, popularizada por análisis economicistas y demográficos, desde la que se visualiza a las personas de edad como un colectivo demandante de servicios, de ayuda y de cuidados (Martínez Martín y Criado Valdés, 2008). Desde tal punto de vista, las personas mayores ocupan un papel claramente pasivo que en nada contribuye efectivamente en la construcción de dicha “Sociedad de la Información”. Los dispositivos y servicios de esta nueva “sociedad” les vienen prefabricados, disponibles solo para su uso y disfrute, para su consumo. Así lo entienden diferentes estudios en los que se resalta que, si bien se están invirtiendo muchos recursos en innovaciones para la atención de personas mayores, tales medidas no tienen suficientemente en cuenta a los usuarios, cuidadores y ciudadanos concernidos (Finch, Mort, May y Mair, 2005; Mort y Finch, 2005; Mort, Finch y May, 2009; Milligan, Roberts y Mort, 2011). En este sentido, tanto en los estudios sobre envejecimiento (Barnes y Taylor, 2007; Walker, 2007), como en los análisis sobre teleasistencia (Mort, Roberts y Milligan, 2009) y en los estudios emancipatorios de la discapacidad (Oliver, 1992), se solicita cada vez con más fuerza que se involucre activamente a las personas concernidas en el proceso mismo de la investigación.
Una de las posibles vías para favorecer la activa implicación de los mayores en la construcción de la “Sociedad de la Información” es abrir espacios para que intervengan, desde muy temprano, en el diseño y evaluación de las tecnologías que se vienen desarrollando para ellos y ellas. En este sentido, hay mucho por hacer: rara vez se ha incluido la participación ciudadana en el diseño tecnológico o en las prácticas mismas de investigación (Lengwiler, 2008), con lo que esta cuestión sigue siendo un asunto crítico en la democratización de la ciencia y la tecnología (Callén, Domènech, López y Tirado, 2009). En cuanto a la evaluación de la tecnología, ya se han realizado importantes avances, especialmente mediante el uso de metodologías cualitativas y estrategias deliberativas. En el caso de la teleasistencia, a cuyo estudio nos hemos entregado en los últimos años (ver, López y Tirado, 2004; López y Domènech, 2008, 2009; Schillmeier y Domènech, 2009, 2010) son conocidos los estudios mediante grupos de discusión. Además, es cada vez más frecuente el empleo de mecanismos participativos del tipo de los paneles ciudadanos (ver, Callén, López, Domènech y Tirado, 2009; Mort y Finch, 2005). Es a este último tipo de procedimientos a los que quisiéramos dedicar un examen más profundo en las páginas que siguen.
Desde la década de los 70 se han venido desarrollando una gran variedad de procedimientos deliberativos (Callon, Barthe y Lascoumes, 2009): jurados y paneles ciudadanos, scenario workshops, células de planificación, conferencias de consenso, etc. A pesar de las diferencias que puedan existir entre estos distintos mecanismos, en términos generales implican la conformación de un grupo pequeño y heterogéneo de ciudadanos legos, sin experiencia previa en el asunto a debatir, que interactúa con expertos y elabora un conjunto de propuestas y recomendaciones para la toma de decisiones políticas. Los paneles ciudadanos realizados por nuestro grupo de investigación comparten tales características. Estas experiencias parten de la base de que no es necesario ser un miembro de comités académicos o políticos, o de grupos directamente concernidos, para llevar a cabo debates relevantes sobre asuntos complejos.
La realización de procedimientos del tipo de los paneles ciudadanos ha sido valorada positivamente por sus efectos en el enriquecimiento de los debates (Hörning, 1999), la disminución de la desconfianza en la ciencia y la tecnología, la mejora de los procesos de toma de decisiones (Lezaun y Soneryd 2007) y en la “democratización de la democracia” (Graña, 2005). Los métodos deliberativos también han empezado a ser apreciados por favorecer procesos de investigación participativa (Kashefi y Mort, 2004) y por hacer que servicios públicos o semi-públicos sean más sensibles a las necesidades de sus usuarios (Walker, 2007). Confiamos en que el uso que hemos hecho de esta metodología deliberativa nuestros estudios sobre teleasistencia contribuye a paliar el déficit ético-político actualmente existente en el campo de la investigación y desarrollo de TICs para el envejecimiento activo.
Referencia
ACEROS, Juan C.; CALLÉN, Blanca; CAVALCANTE, Maria Tereza; DOMÈNECH, Miquel (2013). Participação e idosos: a construção de um quadro ético para a teleassistência em Espanha. En CARVALHO, Maria Irene (Ed.). Serviço Social no Envelhecimento (pp. 265-280). Lisboa: Pactor.
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